Múltiples Agencias Entablan Demanda Desafiando La Ley Anti-inmigrante Tan Extrema de Alabama

MONTGOMERY, ALA. – The Southern Poverty Law Center (SPLC) y una coalición de grupos de derechos civiles entablaron hoy una demanda masiva desafiando la ley anti-inmigrante de Alabama HB 56 aprobada el mes pasado. Esta ley es todavía mas estricta que la ley de la cual esto tomo inspiración, la SB 1070. 

     Esta ley de Alabama detiene el acceso de niños a escuela publicas al obligar a los funcionarios de las escuelas que verifiquen el estado migratorio de los niños y sus padres; autoriza a agentes de la policía a exigir "documentos" que demuestren ciudadanía o estado migratorio durante una detención de trafico rutinaria; y criminaliza a ciudadanos de Alabama por interactuar con individuos indocumentados.  La demanda alega que esta ley tan extrema pone en peligro la seguridad publica, produce racismo contra los Latinos, Asiáticos y otras persona las cuales les parecen extranjeras a el oficial y también que interfiere con la ley federal.

     La coalición que esta entablando esta demanda incluye a el Southern Poverty Law Center (SPLC),  the American Civil Liberties Union (ACLU), the ACLU of Alabama, the National Immigration Law Center,  the Asian Law Caucus, and the Asian American Justice Center. Esta ley esta supuesta a entrar en vigor el oro de Septiembre. La demanda alega que la HB 56 es inconstitucional de tal manera que interfiere con el poder y la autoridad federal sobre la jurisdicción de asuntos inmigratorios, violando la Supremacy Clause de la Constitución de los Estados Unidos; expone a la comunidad de Alabama — incluyendo a innumerables ciudadanos estado unidenses y residentes permanentes —  a la búsqueda e incautación ilegal, que es una violación directa a la Cuarta Enmienda de la Constitución; y disuade ilegalmente a las familias emigrantes a que no subscriba a sus hijos a las escuelas publicas; y restringe ilegalmente la habilidad de asistir a colegios y universidades a emigrantes con estado migratorio legal en Alabama; y drásticamente restringe la habilidad de participar en contratos.

 Alabama es el 5to estado en adoptar leyes emulando la costosa y controversial ley SB 1070 de Arizona, aunque esta ley haya sido boicoteada por los tribunales. En total reprensión a estas leyes inconstitucionales, los tribunales federales también han detenido  la ejecución de leyes similares en Uta, Indiana y Georgia. La coalición ha anunciado que también desafiara a el ultimo estado en aprobar una ley inspirada por la ley anti-inmigrante de Arizona, el estado de Sur Carolina. Esta demanda se hizo publica el  el Civil Rights Memorial Center  en el centro de Montgomery.

     "Hemos entablado hoy esta demanda porque esta ley anti-emigrante de Alabama es descaradamente inconstitucional," dijo Mary Bauer, director legal de el Southern Poverty Law Center. " Esta ley haze recordar el doloroso pasado racial de este estado y se mete con los derechos de los ciudadanos to toda Alabama. Nunca debe convertirse en la ley"

     Hasta ahora, ninguna de estas leyes  anti-emigrantes tan descriminantes has sido aprovadas por los estados ni han sido implementadas gracias a las demandas.

     "Alabama ha actuado descaradamente con estas leyes aun viendo claramente que: las cortes Federales han puesto alto a todas y cada una de estas leyes descriminantes," dijo Cecilia Wang, directora de ACLU Immigrants' Right Project. "La comunidad local de Alabama y gente a lo largo y ancho del país estan asombrados y consternados al ver los esfuerzos de el estado para corroer los derechos civiles y los valores fundamentales Americanos. De la misma manera que pusimos in alto a las leyes  en Arizona, Uta, Indiana y Georgia de ser implementadas, asi lo aremos aqui en Alabama." 

     "Si se permite que entre en vigor, esta ley va a impedir que los paderes de familia inscriban a sus hijos en las escuelas, restringiran las habilidades de individuos y negocios en todo Alabama de tomar parte en actividades commerciales libremente, y restringe a ministerios de brindar total apoyo espiritual y demas  a sus feligreces," dijo Linton Joaquin, consejero generalde el Natonal Immigration Law Center.
 
     " En breve, la ley de Alabama afectara la vida diaria de inumerables residente y notivos de igual manera. Alabama no puede convertir  constitucionalmente a maestros, caseros, y a miembros de la comnidad en agentes de inmigracion. Esperamos con anticipacion añadir la ley HB 56 a la lista de leyes discriminatorias que han obstruido los tribunales federales."

     La ley HB56 ha sido la mas severa imitacion he hemos visto hasta ahora de la ley SB 1070," dijo Sin Yen Ling, abogada de Asian Law Caucus. "Exigir que las escuelas verifiquen el estado migratorio de los alumnos forza a los maestros a volverse agentes de la ley que seria contraproducente y no crearia una atmosfera positiva de aprendizaje. La ley HB 56 debe ser tachada como inconstitucional."
     
"La ley de Alabama HB56 trae consigo un precio inaceptable de sacrificar la Constitucion de los Estados Unidos.  Esta ley, si le fuera permitida entrar en vigor,  produciria dos niveles de justicia en Alabama, y todos los ciudadanos de Alabama deberian luchar contar esto," dijo Olivia Turner, directora ejecutiva de ACLU of Alabama. "En casi ya cincuenta años desde que comenzo el movimiento historico y mundial y en nuestro estado  de los derechos civiles, ha habido gran evolución. Pero esta ley amenaca con devolvernos a nuestro pasado obscuro y vergonzozo — uno en cual todos los ciudadanos de Alabama eran restringidos. "

   Los demandantes hacen reflejar los grandes y devastadores efectos que tendria la ley HB 56 si se le fuera permitida entrar en vigor aun solo por un dia. El demandante Matt Webster y tu esposa estan en proceso de adoptar a dos niños.  Estos niños no tienen estado migratorio legal en estos momentos pero lo obtendran pormedio de los padres Adoptivos que son ciudadanos americanos. Esta ley migratoria de Alabama criminalizaria a los jovenes y seria ilegal que los Webster transportaran y cuidaran de esos niños.

     "Yo seria un criminal por darles cariño, casa y transporte a mis propios hijos," dijo Webster y añadio que, " Estoy furioso al saber que un representante estatal ha gastado y seguira gastando el dinero de los contribuyentes con esta ley. Yo soy Rebulicano y probablemente estoy deacuerdo con muchos de los legisladores Rebublicanos en muchos temas. Pero en este en particular, no lo estoy."

     La ley tambien ha causado preocupacion de organizaciones con bases religiosas que otorgan servicios comunitarios.

"Hoy, nuestra mision y la mision de muchos grupos religiosos a lo largo y ancho de Alabama ha sido imposible con la reciente ley de imigracion de Alabama," dijo Scott Douglas, director ejecutivo ede Greater Birmingham Ministries, uno de los demandantes. " Esta ley interfiere con la libertad de religion. Viola directos valores de las creencias religioas porque criminaliza los actos de amor y hospitalidad_ que es mandamiento de nuestro Dios con multiples nombres."

    Otras agencias que trabajan con las comunidades emigrantes estas preocupados que la ley tambien criminalize su trabajo.

    "Tenemos miedo que la HB 56 nos lleve a otra época en este estado el la cual se promueva la discriminacion racial y el odio y la segregacion, en lugar de dar la bienvenida y crear una mejor comunidad," dijo John Pickens, director ejecutivo de Alabama Appleseed Center for Law and Justice, uno de los demandantes. "Lo que necesitamos es una ley migratoria nacional comprensiva, y nuestros lideres y el governador Bentley, deberian estar solicitando a nuestros representantes del congreso en Washington a apoyar una ley de inmigracion comprensiva y una reforma migratoria, en lugar de perder su tiempo en pasar leyer de inmigracion por estatales."
La Hispanic Interest Coalition of Alabama (¡HICA!), una organizacion social que trabaja con la comunidad latina, a causa de los daños que esa ley provocara a lo largo y ancho del estado.
    
    "Si entrara en vigor la ley HB56, esta causaria irreparables daños a la reputacion de Alabama,  a la vitalidad de la economia, y al bienestar de las familias trabajadoras de inmigrantes a las cuales  ¡HICA! apoya y ayuda diariamente," dijo Isbabel Rubio, directora ejecutiva de ¡HICA!. "No queda mas opcion mas que ¡HICA¡ se una a esta demanda para poner alto a la ley HB56."

    La demanda fue entablada en  la U. S . District Court de el Northern District of Alabama en nombre de varias organizaiones e individuos a lo largo y ancho de el estado que seran afectados por esta ley. Los abogados de el caso incluyen a Bauer, Sam Brooke, Andrew turner, Michelle LaPointe, Dan Werner, y Naomi Tsu de  el Southern Poverty Law Center, 
Cecilia D. Wang, Katherine Desormeau, Kenneth J. Sugarman, Andre Segura, Elora Mukherjee, Omar C. Jadwat, Lee Gelernt, Michael k. T. Tan y Freddy Rubio de el American Civil Liberties Union; Joaquin, Karen C. tumlin, Tanya Broder, Shiu-Ming Cheer, Melissa S. Keaney, and Vivek Mittal de el National Immigration law Center, Sin Yen Ling de el Asian Law Caucus: Erin E. Oshiro de el Asian American Justice Center, G. Brian Spears, Ben Bruner, Herman WAtson, Jr., Eric J. Artrip y Rebekah Keith McKinney.

Multiple Agencies File Lawsuit Challenging Alabama’s Extreme Anti-Immigrant Law

MONTGOMERY, ALA. –The Southern Poverty Law Center (SPLC) and a coalition of civil rights groups filed a class action lawsuit today challenging Alabama’s extreme anti-immigrant law, HB 56, passed last month. The law is even more restrictive than the Arizona law it was inspired by—Arizona’s SB 1070.

     The Alabama law chills children’s access to public schools by requiring school officials to verify the immigration status of children and their parents; authorizes police to demand “papers” demonstrating citizenship or immigration status during traffic stops; and criminalizes Alabamians for ordinary, everyday interactions with undocumented individuals. The lawsuit charges that the extreme law endangers public safety, invites the racial profiling of Latinos, Asians and others who appear foreign to an officer, and interferes with federal law.

     The coalition filing the lawsuit includes the Southern Poverty Law Center (SPLC), the American Civil Liberties Union (ACLU), the ACLU of Alabama, the National Immigration Law Center, the Asian Law Caucus, and the Asian American Justice Center. The law is set to take effect September 1. The lawsuit charges that HB 56 is unconstitutional in that it unlawfully interferes with federal power and authority over immigration matters, in violation of the Supremacy Clause of the U.S. Constitution; subjects Alabamians—including countless U.S. citizens and lawful permanent residents—to unlawful search and seizure, in violation of the Fourth Amendment; unlawfully deters immigrant families from enrolling their children in public schools; unconstitutionally bars many lawfully present immigrants from attending public colleges or universities in Alabama; and drastically restricts the right to enter into contracts.

     Alabama is the fifth state to have enacted laws emulating Arizona’s controversial and costly SB 1070, even though the Arizona law was blocked by the courts. In a stinging rebuke to these unconstitutional laws, federal courts have also halted implementation of similar laws passed in Utah, Indiana and Georgia. The coalition has announced plans to challenge the latest state to pass an Arizona-inspired anti-immigrant law, South Carolina. The filing of the lawsuit was announced at the Civil Rights Memorial Center in downtown Montgomery.

     “We have filed this lawsuit today because Alabama’s immigration law is blatantly unconstitutional,” said Mary Bauer, legal director of the Southern Poverty Law Center. “This law revisits the state’s painful racial past and tramples the rights of all Alabama residents. It should never become the law of the land.”

     So far, none of these discriminatory anti-immigrant laws passed by the states have been fully implemented due to legal challenges.

     “Alabama has brazenly enacted this law despite the clear writing on the wall: Federal courts have stopped each and every one of these discriminatory laws from going into effect,” said Cecillia Wang, director of the ACLU Immigrants’ Rights Project. “Local Alabama communities and people across the country are shocked and dismayed by the state’s effort to erode our civil rights and fundamental American values. Just as we’ve stopped similar draconian laws in Arizona, Utah, Indiana and Georgia from going into effect, we will do so here in Alabama as well.”

     “If allowed to take effect, this law will deter parents from enrolling their children in schools, restrict the ability of individuals and businesses across Alabama to freely engage in commercial activities, and restrict ministers from fully administering to their parishioners’ spiritual and other needs,” said Linton Joaquin, general counsel of the National Immigration Law Center.

     “In short, Alabama’s law will affect the daily lives of countless residents, native-born and foreign alike. Alabama cannot constitutionally turn teachers, landlords, and community members into de facto immigration enforcement agents. We look forward to adding HB 56 to the roster of discriminatory laws that have been blocked by federal courts.”

     “HB 56 is the harshest version of the SB1070 copycats we have seen so far,” said Sin Yen Ling, senior staff attorney with the Asian Law Caucus. “Requiring schools to verify a student's immigration status forces teachers to become law enforcement officers which is counterproductive to creating a positive learning environment. HB 56 should be struck down as unconstitutional.”

     “Alabama's HB 56 comes at the unacceptably high cost of sacrificing the U. S. Constitution. This law, if allowed to stand, will create a two-tiered system of justice in Alabama, which all Alabamians should fight against,” said Olivia Turner, executive director, ACLU of Alabama. “In the nearly fifty years since the historical and worldwide movement for civil and human rights began in our state, real progress has been made. But this law threatens to pull us back to a dark and shameful past—and one in which all Alabamians were held back.”

     The plaintiffs in the lawsuit reflect the far-reaching and devastating impacts HB 56 would have if allowed to be implemented even for a single day. Plaintiff Matt Webster and his wife are in the process of adopting two boys. These children do not currently have federal immigration status but are in the process of acquiring it based on their U.S. citizen adoptive parents. Alabama’s immigration law will criminalize these youths and make it illegal for Webster to transport and provide for these children.

     “I will be considered a criminal for harboring, encouraging and transporting my own sons,” he said. Webster added, “I am furious that our state representatives have wasted and will continue to waste taxpayer money with this law. I am a Republican and probably agree with many of our Republican legislators on most issues. On this one, however, I do not.”

     The law has also raised concerns from faith-based organizations that provide community services.

     “Today, our mission and the missions of many religious groups across Alabama have been made impossible by the recently enacted Alabama immigration law,” said Scott Douglas, executive director of Greater Birmingham Ministries, a plaintiff in the lawsuit. “This law interferes with the free exercise of religion. It violates core values of various faiths because it criminalizes acts of love and hospitality_commandments from our God of many names.”

     Other agencies that work with immigrant communities are concerned the law may criminalize their work.

     “We are fearful that HB 56 will lead to another era in this state of racial profiling and discrimination and foster hate and separation, rather than welcoming and community-building,” said John Pickens, executive director for Alabama Appleseed Center for Law and Justice, a plaintiff in the lawsuit. “What we need is a comprehensive national immigration policy, and our state legislative leaders, and Governor Bentley, should be urging our congressional representatives in Washington to support comprehensive immigration reform, rather than spending time passing and trying to enforce piecemeal state immigration laws.”

     The Hispanic Interest Coalition of Alabama (¡HICA!), a social service organization that works with the Latino community, joined the lawsuit because of the damage the law will inflict across the state.

     “If implemented, HB56 will cause irreparable harm to Alabama’s reputation, to the vitality of our economy, and to the well-being of hardworking immigrant families that ¡HICA! works daily to engage and empower,” said Isabel Rubio, executive director of ¡HICA!. “With no other recourse remaining, ¡HICA! must join this lawsuit to stop HB56.”

     The lawsuit was filed in the U.S. District Court for the Northern District of Alabama on behalf of several organizations and individuals across the state who will be adversely affected by the law. Attorneys on the case include Bauer, Sam Brooke, Andrew Turner, Michelle LaPointe, Dan Werner, and Naomi Tsu of the Southern Poverty Law Center; Cecillia D. Wang, Katherine Desormeau, Kenneth J. Sugarman, Andre Segura, Elora Mukherjee, Omar C. Jadwat, Lee Gelernt, Michael K. T. Tan and Freddy Rubio of the American Civil Liberties Union; Joaquin, Karen C. Tumlin, Tanya Broder, Shiu-Ming Cheer, Melissa S. Keaney, and Vivek Mittal of the National Immigration Law Center; Sin Yen Ling of the Asian Law Caucus; Erin E. Oshiro of the Asian American Justice Center; G. Brian Spears, Ben Bruner, Herman Watson, Jr., Eric J. Artrip and Rebekah Keith McKinney.